MANIFIESTO POR SAN
BERNARDO
Cada
barrio es una unidad de convivencia fundamental, una parte de la ciudad con
identidad propia. Una unidad con múltiples funciones que se diferencia de un
espacio meramente residencial, donde la vivienda se combina con lugares
comunes, con rasgos de identidad, con una historia y una forma de vivir
particular. Es un elemento de identificación y por lo tanto de diferenciación,
una identificación que viene dada por una comunidad de habitantes que comparte
una historia, una localización, un conjunto de formas espaciales, y que por
estas mismas características se diferencia y separa del resto de la urbe. Un
lugar compuesto de solidaridades y particularismos y de identidades.
El
barrio no debe ser una comunidad cerrada, ni un mausoleo de la historia pasada,
no puede serlo. El barrio, en una ciudad dinámica, está sometido a un constante
devenir, a un proceso de deconstrucción
y reconstrucción que responde a múltiples factores, el más sencillo la propia
biología y la finitud de la vida humana. Sin embargo el cambio no siempre
conlleva enriquecimiento, un barrio también puede morir y desaparecer, y
convertirse en un mero espacio residencial, un conjunto de espacios privados
sin lugar ni vida común.
El
barrio se establece sobre un mercado, el mercado de suelo y vivienda, que en su
dinámica genera el espacio donde los vecinos forjan los barrios y también los
destruye. San Bernardo ha sido víctima de este proceso de destrucción creativa
del mercado, que ha intentado durante décadas destruir el barrio y
transformarlo paulatinamente en una espacio monofuncional de la ciudad,
comercial o residencial.
A
pesar de esto, en los últimos años, San Bernardo ha sido también un ejemplo de
resistencia a la privación y a la desposesión de la identidad. A pesar del
maltrato continuo al que ha sido sometido durante décadas, San Bernardo ha sido
capaz de mantener o volver a forjar un conjunto de solidaridades y consensos en
base a elementos y demandas comunes, el barrio y su derecho a vivirlo. En 2004,
los últimos mohicanos de San Bernardo sorprendieron a pocos y extraños a través
de su pequeña rebelión, su pequeño levantamiento. Saltándose las reglas del
mercado que los desposeé, las leyes que protegen los intereses económicos que
se generan en ese mercado y la mediación de una administración que no puede
sino racionalizar la injusticia de una economía desbocada, los últimos y
últimas de San Bernardo tomaron la acción en primera persona e hicieron lo
necesario para asegurar su permanencia en San Bernardo, que es en cierta medida
la existencia misma del barrio como tal. De esta forma, viviendas que tenían en
principio otro destino fueron ocupadas para cumplir la mejor función a la que
podían ser destinadas, a asegurar la permanencia de los y las vecinas tradicionales.
Ahora,
la administración, pretende expulsar a parte de éstos vecinos. Acabar con lo
que se empezó hace mucho tiempo ya y enviar los últimos vecinos y vecinas de
escasos recursos a barrios menos demandados en el mejor de los casos, o
dejarlas en la calle a su suerte en el peor. Aunque se presuponga buena
voluntad por parte de la administración, ésta no parece poder sino racionalizar
las injusticias del mercado, incapaz o sin interés en imponer el poder político
al poder económico.
Vivienda
y capitalismo
La
vivienda es valorable en tanto que estructura necesaria para la vida, pero
también es valorable como mercancía que se produce, se compra y se vende en
base a las leyes del mercado. Si el uso de la vivienda determinase su valor
podríamos hablar de un bien de primera necesidad que ha de ser garantizado a la
población, del derecho a la vivienda. Sin embargo, es evidente que el valor de
cambio determina por completo el uso de la vivienda en la ciudad capitalista,
lo que da lugar a que la distribución se realice en base a una terrible
especulación y a una escasez producida.
El
suelo y las estructuras sobre el construidas no son sino mercancías sometidas a
la pauperización y a la mísera propia de cualquier mercado. Todo mercado
funciona en base a la escasez, la riqueza de los que se lucran en este mercado
necesita para funcionar de la privación de los que dependen del producto
fundamental de sus operaciones, la mercancía vivienda. La escasez produce
riqueza a través del mercado, al mismo tiempo que para proteger los
intercambios en el mercado es necesario mantener la escasez. A este respecto
poco importa si se trata de una escasez real o una escasez provocada.
La
vivienda es una mercancía bastante particular por diferentes razones. Todo el
mundo necesita una vivienda para sobrevivir, es un bien de primera necesidad, y
de ahí que su mercado sea tan amplio como toda la población, obligados a ser
consumidores solventes a través del endeudamiento masivo, y vulnerables al
abuso de las entidades promotoras y financieras. La vivienda como mercancía,
establecida sobre el suelo, es una mercancía con la que resulta fácil
especular. Las propiedades monopolísticas del suelo, que se transfieren a la
vivienda, permiten que los propietarios sean poseedores de una mercancía única
e intransferible, en la medida en que no existen dos ubicaciones relativas
iguales sobre la ciudad. Cada bolsa de suelo es exclusiva, su valor tiende a
mantenerse y no necesita mantenimiento para conservar su valor, lo que la hace
especialmente indicada para especular con ella, esto, por supuesto, de forma
totalmente independiente de la necesidad de suelo que exista en un momento
dado.
Dentro
del mercado de la vivienda hay por lo tanto agentes interesados en su valor de
uso y su valor de cambio. Promotoras, inmobiliarias, entidades financieras,
estarán evidentemente interesados en el valor de cambio del suelo y de la
vivienda. Todos interesados en exprimir el máximo beneficio económico de la
creación de un bien de primera necesidad, de las operaciones especulativas a
través de múltiples transacciones o de la práctica de la usura. Los
destinatarios finales de la vivienda, por supuesto, estarán interesados en su
valor de uso, en la capacidad de la vivienda para cubrir sus necesidades
fundamentales. Sin embargo, en una época de auge económico como la que hemos
pasado, es habitual que las familias se sumen a la fiebre del ladrillo y que se
crean capaces de obtener ganancias especulativas de un mercado que parece estar
siempre en auge. La gente empieza a creer que las viviendas que habitan valen
realmente los precios inflados que se fijan en el mercado, algunos pueden
obtener ciertos beneficios de operaciones realizadas en el momento oportuno,
otros pueden creer que poseen un capital que realmente es de las entidades
financieras y con el que no pueden negociar en la medida en que consituye su
única y esencial residencia y otros pueden acabar pagando unos precios inflados
de unas viviendas con precios en caída libre conforme explota la burbuja y
termina la broma pesada.
El
mercado de suelo, es el que determina la localización en la ciudad de los
barrios obreros, los barrios de clase media, las zonas comerciales, etc. Sobre
este, la administración, careciendo de una voluntad real de intervención, solo
puede racionalizar la discriminación previa establecida por el mercado. Ante un
mercado de suelo con precios diferenciados, diferencias en los beneficios
potenciales de diversos usos y diferencias en los ingresos de los hogares, el
mercado segrega funciones y clases sociales, asignando los usos más rentables a
diferentes localizaciones. En los suelos residenciales los grupos sociales con
mayor poder adquisitivo pueden elegir su localización, tomando para sí aquellos
espacios privilegiados o subjetivamente más valorizados, valorizándolos al
mismo tiempo con su mera presencia. Para los grupos sociales las capacidades de
elección se ven restringidas en la medida en que se restringe la capacidad de
desembolsar una determinada cantidad de dinero en la compra o alquiler de una
vivienda. De esta forma se segrega la ciudad, una segregación a la que
contribuye la administración, adquiriendo las bolsas de suelo allí donde puede
realizar el mayor número de viviendas por el menor precio, en lo que no es sino
una racionalización pública de la segregación dada por el mercado de suelo.
En
el Estado español se ha soportado una escasez endémica de vivienda prolongada
durante la mayor parte del siglo XX, de forma similar a otros países
occidentales con similares ritmos demográficos. Debido al crecimiento de las
clases humildes en la ciudad, fruto de la inmigración y de las dinámicas
demográficas, el hacinamiento, la falta de vivienda suficiente, y
suficientemente salubre, ha sido el gran problema urbano. Del hacinamiento en
las viviendas colectivas de la ciudad histórica, la clase trabajadora pasó a
los barrios de autoconstrucción, cuando no a las chabolas y a los albergues.
Las
políticas de vivienda pública, y la vivienda estandarizada y funcionalista en
general, a partir de la segunda mitad del siglo XX, fueron aliviando poco a
poco estas condiciones, al mismo tiempo que se producía el cambio en el régimen
de tenencia predominante desde el alquiler hacia la compra. A pesar de esto, el
déficit de viviendas seguía oscilando entre grandes cifras hasta la década de
los ochenta.
Paulatinamente
el déficit se ha venido reduciendo, el agente público se retira del mercado
para dejar hacer y el endeudamiento con objeto de acceder a la propiedad se va
convirtiendo en norma. Los bajos tipos de interés y la competencia entre
productos financieros permiten la consolidación del sector inmobiliario, basado
en el endeudamiento y la especulación, como la pieza angular de la economía.
A
partir de la segunda mitad de los ochenta se desata la fiebre inmobiliaria, fomentada
por la inversión de capital europeo, en el contexto eufórico de la entrada de
España en la CEE. Comienzan los ciclos superespeculativos que culminan en el
éxtasis de 1992, crisis, estancamiento y vuelta a empezar en 1996 hasta el
nuevo reventón de la burbuja.
La
capacidad productiva de la sociedad consigue desarrollarse hasta cubrir el
déficit de viviendas. Y, sin embargo, la escasez se prolonga. En los momentos
en que más viviendas vacías y segundas residencias existen, en el momento en
que se construyen el doble de viviendas que núcleos familiares se constituyen,
la escasez persiste. Los hogares humildes se ven ahogados por créditos
imposibles o imposibilitados para acceder a un préstamo. La razón, un mercado
que necesita de la escasez, de la miseria y
del sufrimiento de unos, para generar la riqueza de otros.
Al
tiempo que crecían la ciudad y los polígonos, la propiedad de la vivienda se
iba imponiendo y se establecían las bases para las burbujas inmobiliarias, los
centros históricos tomaba otras tendencias. Abandonados por el capital privado,
interesado en los nuevos desarrollos urbanos, y ante la pasividad del agente
público, los cascos se caían a pedazos.
En
la medida en que el capital extraía más beneficios en otras zonas de la ciudad,
se abandonaban al deterioro los edificios y se mantenían fuera del mercado las
viviendas una vez que los inquilinos se desplazaban o morían.
Cuando
los centros vuelven a convertirse en oportunidades de negocio, incentivado
generalmente por la acción pública, se desarrolla una orgia de demoliciones,
reformas y obras de todo tipo, al tiempo que la población con escasos recursos
que había permanecido en la zona en sus momentos de decadencia, es desplazada fuera de los sectores
revalorizados.
A
pesar de todo, en ellos residían y en muchos de ellos residen los últimos
vestigios del alquiler en viviendas colectivas, de determinadas formas de
convivencia vinculadas a un patrimonio arquitectónico y también vivo.
-Especulación
y gentrificación en San Bernardo
Desde el XIX
y hasta prácticamente la década de los noventa del siglo XX, San Bernardo se
encuentra separado del centro por las vías del ferrocarril, y con las avenidas
Eduardo Dato y Enramadilla, al norte y al sur que ejercen también un efecto de
barrera, homogeneizando y aislando el barrio. Esta cuestión otorgará a San
Bernardo un carácter periférico dentro de la ciudad hasta los años noventa.
Tras la reestructuración de la zona, el arrabal ha pasado a ser un lugar
central a todos los niveles dentro de Sevilla. No solo se trata de un barrio
céntrico geográficamente, sino que se encuentra situado entre un centro
financiero y comercial de Sevilla de primer orden, Buhaira-Viapol, y el centro
histórico y administrativo de la ciudad.
En
principio el barrio se encuentra separado de la ciudad, no solo por su
situación extramuros sino por el arroyo Tagarete, que no se emboveda hasta
1859. Con la construcción de la Estación de San Bernardo, en 1861, es el
ferrocarril el que pasa a aislar el barrio. La llegada del ferrocarril no
aportó nada nuevo ni mejoró las comunicaciones de San Bernardo, más al
contrario, las empeoró, llevándolo a su aislamiento que se unía a las negativas
condiciones de insalubridad de las viviendas colectivas. Su aislamiento y
lejanía de la ciudad, hicieron de este barrio el lugar de localización de
industrias peligrosas y nocivas.
La
consolidación de San Bernardo como barrio obrero corre pareja a la creación en
su entorno de grandes centros de trabajo, esencialmente de iniciativa pública.
Las ventajas que ofrecía San Bernardo para la industria eran óptimas, dada la
amplia disponibilidad de suelo y la cercanía del ferrocarril, esencial para las
grandes industrias siderometalúrgicas. En 1782 se construye la Fábrica de
Artillería, que llega a ocupar hasta cinco manzanas del barrio, y en 1848 la
Pirotecnia Militar, siendo estas las dos mayores fabricas de la zona. A finales
del XIX en torno a la Pirotecnia Militar, surgen varias fábricas de cementos
como “El Porvenir” o “La Rosa”. La proximidad de todos estos establecimientos
fabriles, unida a la del Matadero Municipal, hace suponer que estos fueran los
centros de trabajo de la mayor parte de los vecinos del arrabal.
En la
decadencia de San Bernardo, a los factores comunes al resto de la ciudad
histórica: esto es el envejecimiento natural del caserío, la legislación sobre
alquileres, la huida del capital privado y público hacia la periferia y la
creación de nuevos barrios obreros; se les unen dos factores particulares que
van a acelerar la decadencia del barrio por encima del resto de sectores del
centro histórico. El primero de ellos es la riada de 1961 y el segundo el no
menos desastroso PGOU de 1963. El primero es fruto del desbordamiento del
arroyo Tamarguillo, canalizado en ese momento sobre la actual Ronda del
Tamarguillo, y que acelera notablemente la ruina de gran parte del caserío. En
cuanto al PGOU de 1963 este establece la congelación de permisos para nuevas
construcciones. En base a un hipotético desplazamiento natural del centro
urbano hacia San Bernardo se proyecta el redesarrollo de la zona para la
construcción de grandes almacenes. Este hecho no ocurrirá debido a que estos
grandes almacenes acaban prefiriendo la ciudad intramuros estableciéndose en
zonas como Plaza del Duque o Plaza de la Magdalena. El daño de estas dos
catástrofes para San Bernardo será inmenso. Prevé para la zona residencial, estación, y fábricas aledañas, una
operación de tabula rasa, en la que desaparecería el entramado del barrio para
dar lugar a una nueva gran zona comercial, central para la ciudad. Esta gran
zona comercial cubriría desde Menéndez Pelayo hasta una nueva avenida que
coincide con la actual Buhaira, y desde Menéndez y Pelayo hasta la Enramadilla.
Aunque el plan no llega realizarse durante un periodo de cerca de dos décadas
no se concederán licencias de obras en estas presuntas zonas comerciales a
desarrollar.
En los
años cuarenta el arrabal alcanza el número máximo de habitantes durante todo el
siglo XX, a partir de esta fecha comienza el declive demográfico. Este despoblamiento
se acentuará a partir de la década de los sesenta, donde se da el declive más
acusado, fracasando los intentos de frenarlo; como la Cooperativa de Viviendas
creada en 1968 que choca frontalmente con el planeamiento oficial, vigente
hasta los años ochenta impidiendo la concesión de licencias en el barrio. Solo
a partir de la segunda mitad de los ochenta empezaran a construirse algunos
grupos de viviendas. Algunas calles quedan totalmente deshabitadas durante esta
época, como es el caso de Portaceli. De forma paralela se da un proceso de
envejecimiento pasando la edad media de 30 años en 1935 a 39 años en 1986. De
esta forma en la década de los ochenta el barrio se encuentra convertido en una
zona marginal.
En
1971, se realizan modificaciones al Plan
General y se elimina su calificación como zona comercial, pero la realización
de cualquier actuación o la concesión de licencias se posponen a la realización
de proyecto de reforma interior para el barrio, propuesto por la propia
cooperativa. Por su parte, el plan de reforma interior de San Bernardo fue
tardío y no se llevó a cabo en ninguna medida. No es hasta la década de 1980
que empiezan a concederse licencias en San Bernardo, veinte años después,
sufriendo una primera y tímida renovación urbana, entre el 83 y el 87.
Respecto
del Plan General de 1987, se incluye San Bernardo en el tratamiento normativo y
de protección homogéneo con el resto del Conjunto Histórico y se redacta el
Plan Especial del Arrabal de San Bernardo, que se tramita de forma conjunta al
Plan General. Las mayores modificaciones del PGOU que van a afectar a San
Bernardo son sin embargo las que se realizan a su alrededor y modifican la
posición relativa del arrabal dentro de la ciudad, otorgándole una nueva
centralidad. Se suprime el ferrocarril que estrangulaba a la ciudad y es
sustituido en su paso por el arrabal por una nueva avenida, Juan de Mata
Carriazo-Cabestany, que pasa a convertirse en una de las principales arterias
de la ciudad, parte de un eje que la atraviesa de norte a sur, desde Pueblo
Saharaui hasta Borboya y Manuel Sirout. De esta forma el arrabal vuelve a estar
conectado con el centro de la ciudad. La supresión del ferrocarril da pie a la
remodelación de la zona de la Enramadilla al sur de San Bernardo y su soterramiento
a la aparición de la Avenida de la Buhaira con un gran número de nuevas
edificaciones, de carácter terciario, y espacios verdes, entre edificios
residenciales, oficinas y hoteles, que amplía el centro financiero-comercial de
la ciudad de Biapol-Avenida San Francisco Javier.
El barrio pasa de estar aislado y rodeado de
terrenos desestructurados, a obtener una situación estratégica. Los terrenos
liberados por el ferrocarril serán ocupados por bloques de viviendas que
alcanzaran los precios más elevados de toda la ciudad. Todo conduce a una
revalorización de los suelos del arrabal, y las operaciones con ellos se
multiplican. En el plazo de apenas una década el arrabal sufre una enorme
transformación, multiplicándose los derribos de edificaciones tradicionales y
su suplantación por nuevos y flamantes edificios de lujo. La población humilde
que había aguantado hasta el momento en el barrio, fundamentalmente con una
relación de alquiler para con su vivienda, se ve paulatinamente desplazada,
algo facilitado por el envejecimiento y la vulnerabilidad de esta población,
con escasos recursos económicos e intelectuales y habitando edificios próximos
a una situación de ruina en muchos casos. De esta forma los y las vecinas
tradicionales se van viendo privados del barrio, al mismo tiempo que el barrio
se ve privado de su vecindad. Las señas de identidad se pierden y el barrio
deja paso a un espacio residencial de élite.
En el 2005 se ocupa en la Calle San Bernardo un antiguo colegio de adultos, abandonado durante quince años por la administración local, con el objetivo de crear un centro social. Esta ocupación se presenta como reivindicativa y política y ejerce una tímida denuncia de la especulación en el barrio en sus primeros panfletos. Los jóvenes ocupas contactan con algunos antiguos vecinos y vecinas del barrio, que a su vez habían tenido contacto con el movimiento en torno a El Pumarejo. Una de las primeras actividades, en Marzo del 2005, son unas “Jornadas contra la Especulación”, en las que se trata específicamente la problemática de la gentrificación. Gracias a los contactos previos, acude un nutrido grupo de vecinos y vecinas del barrio, de edad avanzada y en situación precaria con respecto a sus viviendas.
El trabajo de dinamización que se empieza a desarrollar en el barrio a partir de entonces, desemboca en la ocupación de un bloque de viviendas sociales por parte de vecinas y vecinos amenazados de desalojo y con sus casas en estado avanzado de deterioro.
De esta forma el martes 24 de Mayo se ocupa un bloque de viviendas de VPO en la Calle San Bernardo 52. Las viviendas llevaban más de dos años terminadas sin haber salido en sorteo por presuntos litigios entre la administración y la empresa constructora Prasa. Son un grupo de 16 personas que forman 10 núcleos familiares. En su mayoría se trata de personas de avanzada edad, la media se sitúa en los 65 años, la más anciana con 88 años, y la más joven con 48. Son familias además con ingresos muy escasos, la mujer de 88 años por ejemplo cobra 73 euros al mes de pensión por viudedad, dado que su cónyuge a penas había cotizado en vida. Todas las vecinas tenían expedientes en urbanismo por el incumplimiento de los propietarios del deber de conservación de las edificaciones.
Las viviendas que se ocupan estaban dirigidas en principio a viviendas de realojo. Sin embargo, en el 2003, los actuales vecinos del barrio se movilizan contra la existencia de viviendas de realojo y el Ayuntamiento cambia las viviendas al régimen de VPO para que fueran adjudicadas por sorteo mediante EMVISESA. Urbanismo disfrutaba de asignación preferente sobre diez de las viviendas construidas por Prasa, sin embargo existía un litigio pendiente entre ambas partes por el que Prasa todavía no había transferido lo derechos de estas diez viviendas a la administración.
En un principio se plantea un encierro para denunciar la situación de algunos de los últimos vecinos y vecinas históricas de San Bernardo, acosadas por la propiedad y con sus viviendas extremadamente deterioradas. A medida que pasan los días la situación va transformándose en un “realojo reivindicativo”.
Desde el momento en que la empresa constructora, y que retiene en su propiedad la totalidad de las viviendas por litigios con el ayuntamiento, tiene constancia de la ocupación toma medidas. Denuncia la ocupación en los juzgados de lo penal, La titular del juzgado de Instrucción numero 19 de Sevilla, envía a la policía nacional a la zona tras la denuncia de la propiedad y da la orden de que no entre ninguna persona ni mobiliario alguno en el edificio. Desde entonces el edificio aparece cercado por un fuerte dispositivo de la policía nacional equipada con material antidisturbios, que impide la entrada de enseres y los primeros días, e incluso de comida. No obstante se paraliza el desalojo temporalmente por traumático al tratarse en su mayoría de ancianos. La propiedad por su parte anuncia la denuncia por usurpación de los ocupantes.
Los vecinos y vecinas se organizan dentro de la Liga de Inquilinos, que interviene en el conflicto, realiza declaraciones de apoyo e interviene en las negociaciones con la administración. Se solicita el realojo, se denuncia la situación de los ocupantes y el elevado número de viviendas vacías en la ciudad. Durante estos primeros días se producen concentraciones de hasta setenta personas en las puertas del edificio, apoyando la ocupación.
El viernes se anuncia un acuerdo entre urbanismo y Prasa, que todavía tendrá que esperar unos días para concretarse, y se retiran las dotaciones de la policía nacional. Ya el sábado Emasesa ha dado agua los pisos y los guardias de seguridad privados de la empresa son sustituidos por otros de urbanismo.
El ayuntamiento abre por lo tanto dos vías para la solución del problema, por un lado negocia con Prasa las viviendas ocupadas, por otra amenaza con expropiar a los propietarios de las casas de origen de los ocupas si no realizan las obras de mantenimiento. Finalmente, Urbanismo acuerda con Prasa quedarse con las 15 viviendas. De esta forma el Ayuntamiento pasa a gestionar la totalidad de las viviendas del bloque, a través de la OTAINSA. Diez de las viviendas se dedican al realojo temporal de los ocupantes. Los otros cinco se reservan para otros realojos. El coste de la operación asciende a 1.350.000 euros, 90.000 por vivienda adquirida. Por su parte Prasa retirará la denuncia penal por usurpación.
Conclusiones.
La
población tradicional de San Bernardo y sus formas de vida han sido esquilmadas
en las dos últimas décadas, la recuperación de lo que se ha perdido es
inviable, sin embargo, todavía quedan vecinas y vecinos de toda la vida y es
una obligación moral y de justicia la reivindicación de su mantenimiento en el
barrio y su protección frente al acoso inmobiliario. No es una utopía, se
disponen de las herramientas necesarias que hagan esta realidad viable, siempre
que exista una voluntad política fuerte.
Es poco lo que se puede hacer por el barrio y es poco el
esfuerzo que requiere. Depende de la administración resarcir a los moradores
históricos del barrio que todavía quedan. Un deber mayor teniendo en cuenta que
ha sido la propia actuación de la administración determinante en el abandono
del barrio y en las penurias que ha pasado su población.
Es necesario la paralización de cualquier proceso de
desahucio en este diminuto barrio que tanto ha sufrido por esta causa. Las
viviendas para el realojo de los y las vecinas de San Bernardo existen y
dependen de la voluntad de expropiar los edificios vacíos y abandonados para
dedicarlos a acogerlos en estos hogares a través de un alquiler justo y
estable.